MADRID (Reuters) - El Gobierno español aprobó el viernes un real decreto ley por el cual recupera la gestión de las cuencas hidrográficas, anulando una norma del anterior Ejecutivo socialista que permitió a las comunidades autónomas asumir la competencia de las aguas en sus territorios.
En un país con una escasez recurrente de agua, el Gobierno del Partido Popular ha decidido adjudicarse la potestad sancionadora para lograr una gestión más eficiente y garantizar el principio de unidad de cuenca establecido por el Tribunal Constitucional, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
"Dado que el agua es un recurso escaso, de dominio público y que hay cuencas repartidas entre varias comunidades autónomas, (se ha decidido que) sea el Estado el que asuma toda la gestión de policía del dominio público", afirmó Sáenz de Santamaría al término del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta dijo además que este decreto en materia medioambiental es un ejemplo de la política que pretende emprender el Gobierno para evitar duplicidades y simplificar procedimientos, mientras trata de reducir drásticamente el déficit público y así cumplir con el objetivo establecido por la Comisión Europea de llegar al 3 por ciento del Producto Interior Bruto el próximo año - desde el 8,5 por ciento con el que se cerró 2011.
Las comunidades autónomas también tienen que rebajar sus propios déficit, un factor que ha puesto a España bajo el foco de los mercados, ante las dudas de si serán capaces de cumplir con los objetivos pactados con Bruselas.
Varios dirigentes políticos se han pronunciado sobre una posible reforma del entramado institucional español, con tres niveles de administración, la estatal, la autonómica y la local.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo el jueves que "hay que repensar y evaluar la estructuración más adecuada de los poderes públicos", mientras que Sáenz de Santamaría, preguntada por una posible tendencia centralizadora, respondió: "Dependerá de cada tipo de competencia y de quién puede llevar a cabo mejor esa gestión".
Varias autonomías, como Andalucía y Cataluña, se atribuyeron la gestión de los ríos que pasan por su territorio en sus estatutos de autonomía, pero esto ha causado enfrentamientos en los casos en los que discurren por más de una comunidad autónoma. El Constitucional estableció recientemente en una sentencia el principio de la unidad de las cuencas hidrográficas.
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